Instalar cámaras en el coche, ¿es legal? ¿Evita multas?

Por un escritor de hombre misterioso

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En España, el uso de cámaras de grabación en el coche y su legalidad, especialmente para utilizarlo como prueba en un juicio, no está del todo definido y genera muchas dudas.
Seguro que has visto muchos vídeos en redes sociales y en Internet de grabaciones desde el coche en plena carretera. Hablar su posible legalidad es un tema muy difuso y no tan claro, pero, en esencia, todo dependerá del uso que hagamos de esas imágenes. Obviamente, que un conductor grabe con su móvil mientras conduce puede acarrear una multa que, además, con la nueva Ley de Tráfico que entra en vigor el 21 de marzo pasará a costar más cara: 6 puntos menos en el carné y 200 euros. Sin embargo, en este artículo nos referimos más bien a las cámaras llamadas on board o dashcams, aquellas que requieren una instalación y que apuntan hacia lo que está pasando por delante del vehículo. Hay países donde su uso está perfectamente legalizado, principalmente por los problemas que causan las numerosas falsas acusaciones de atropellos en la carretera. No hay una ley específica que prohíba el uso de cámaras el coche; todo dependerá del uso que le demos. ¿Es legal instalar una cámara en el coche en España? En España la cosa es bien diferente y hay que tener varios aspectos a tener en cuenta. Lo primero, que la propia Ley de Protección de Datos y la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) determinan la ilegalidad de grabar y tratar imágenes de carácter personal sin el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la ley disponga otra cosa. Si una dashcam es legal o no en España dependerá, principalmente, del uso que le vayamos a dar. Realmente no existe una ley como tal que prohíba la instalación de cámaras en el coche. Siempre que esas imágenes no salgan del ámbito privado, no tendremos problemas, pero todo cambia cuando sobrepasamos ese umbral: si por ejemplo publicamos dichas imágenes en Internet o queremos presentarlas como pruebas en un juicio. Aquí podríamos vulnerar la privacidad de terceros y ser incluso nosotros los que acabásemos pagando una cuantiosa multa por este motivo. Dependerá, como decíamos, del uso que hagamos de esa cámara: difundir de forma pública la matrícula de terceros puede costarnos caro si el afectado nos denuncia ante la AEPD (hasta 300.000 euros de sanción). Lo mismo sucede con otras personas, ya que necesitaríamos el consentimiento para grabarlas; y si, además, cometemos perjurio hacia otras personas (acusándolas de un posible delito), el acusado podría recibir penas de prisión o multas de hasta 2 años. No es lo mismo, por seguir con más ejemplos, utilizar la cámara de forma puntual que para grabar de forma continuada en el coche, incluso cuando este esté aparcado. En este último caso puede considerarse que estamos realizando una tarea de video vigilancia, algo que iría en nuestra contra si queremos presentar las imágenes en un juicio. Tan solo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen la potestad para captar imágenes de la vía pública con fines de seguridad. Si el uso de la cámara es puntual, activándola y desactivándola a petición, o incluso si funciona sobrescribiendo las imágenes ya existentes y siendo el conductor quien decide qué parte se queda grabada, la cosa ya cambia. Ejemplo de cámara para grabar desde el interior del coche. Foto: iStock. ¿Se pueden presentar imágenes grabadas como pruebas en juicios? De nuevo, la respuesta no es del todo clara. Lo mejor que puedes aplicar siempre en este caso, si vas a instalar una cámara en el coche, es no sobrepasar el ámbito privado de esas imágenes, llevar a cabo el principio de minimización (grabar solo en caso de producirse un hecho concreto) y registrar únicamente lo que sucede por delante del vehículo. ¿Qué sucede si quieres presentar unas imágenes grabadas ante el juez? Las decisiones tomadas en el pasado no han ayudado a sentar una jurisprudencia clara en España, por lo que al final la última palabra la tendrá el juez en cuestión. Sin embargo, debes tener en cuenta siempre tres valores que pueden determinar el posible uso o no de estas imágenes: la finalidad de uso de la cámara, su justificación y su proporcionalidad. Por un lado, como decíamos, no deberíamos usar las imágenes para reproducírselas a terceras personas o para subirlas Internet; si usásemos estas imágenes para discernir culpabilidades en un accidente, el juez podría admitirlas a trámite. ¿Está justificado el uso de las grabaciones? Dependerá de cómo lo considere el juez, de la misma forma que deberemos demostrar la proporcionalidad en el uso de la cámara.